La decisión de anular los parques industriales de Cangas y Salceda supondrá la pérdida de 2,3 millones de metros cuadrados de suelo industrial en el área metropolitana de Vigo y la desaparición de una oportunidad para satisfacer la ansiada demanda de terreno empresarial. El Consorcio de Zona Franca negocia ahora salvar 500.000 metros en Cangas, y buscará nuevas alternativas para su expansión en otras zonas.

El proyecto de Cangas y Bueu preveía la construcción de un polígono de 1,4 millones de metros cuadrados. De ellos, 780.000 fueron comprados a Maderas Lago Rey y Tiempo Libre y Ocio 2000, y la parte restante estaba previsto expropiarla. Las zonas específicas para la actividad empresarial ocuparían 760.113 metros cuadrados. Subdividido en diez grandes plataformas de entre 30.000 y 60.000 metros cuadrados, el parque se asentaría en los diferentes niveles a fin de adecuarse a la compleja orografía.

La actuación preveía además que se instalasen compañías de grande y mediano tamaño dedicadas a la transformación y producción industrial, pintura, acabados, distribución, componentes, montaje y comercio mayorista.

También estaba prevista la reserva de una importante área de espacios libres y servicios públicos que ocuparían el 30% de la superficie. En Cangas, esta zona se emplazaría junto a los núcleos rurales de Gandón y Menduíña, cerca de la conexión con la carretera comarcal, mientras que en Bueu se ubicarían junto al barrio de Bon de Arriba. El acceso principal al parque partiría de la rotonda de conexión con la vía rápida.

La intención de Zona Franca era acometer el polígono en tres fases, estimando en unos cinco años el tiempo necesario para concluir las obras. Para ello se contemplaba una inversión de 87 millones.

El polígono de Salceda, prolongación del de “A Granxa” de Porriño, tendría una superficie de 890.000 m2 en donde se crearían unos 3.000 puestos de trabajo. La Corporación aprobó inicialmente la delimitación de la superficie y se esperaba a que la Dirección Xeral de Urbanismo emitiese su informe.

La delimitación de los terrenos ha permanecido expuesta en el Centro Cultural de Budiño, a fin de que los afectados presentasen alegaciones, pero no hay constancia de reclamación alguna en el Concello.

Por otra parte, Zona Franca encargó a una empresa contratada la medición de los terrenos y había sacado a concurso la redacción del proyecto de urbanización.

Faro de Vigo, 12 de enero de 2005

Una vez que se ratifique esta tarde la impugnación de las operaciones de compraventa, el abogado del Estado elaborará un informe, según manifestaron las fuentes consultadas, para determinar si existen indicios de irregularidad por parte de Zona Franca en la gestión de las actuaciones de Cangas y de Salceda. La razón es la ausencia de estudios de viabilidad económica y el enorme déficit que ocasionarían al organismo estatal las dos actuaciones industriales si llegaran a ejecutarse.

En virtud de los informes encargados por la actual dirección, el Consorcio estima que podría vender el metro cuadrado de suelo a las empresas en Cangas a 90 euros (15.000 pesetas). Para ello ha tomado como referencia el precio aplicado en el polígono de Castiñeiras, que se encuentra en las inmediaciones, y donde el precio por metro fue de 70 euros. La inversión prevista en el polígono de Cangas era de 87 millones de euros, de los que 12,6 se destinarían a la compra de los terrenos.

En el caso de Salceda el parque tendría una superficie de 89,1 hectáreas (890.000 metros cuadrados), de las que actualmente sólo están calificadas como suelo industrial 42. La compensación de 156.000 metros, ya urbanizados, al empresario que vendió la concesión de explotación de arcilla, provocaría que sólo el Consorcio sólo podría disponer de 207.000 metros cuadrados de suelo para vender a las empresas. La inversión prevista superaba los 44 millones de euros, mientras que el precio por metro cuadrado que podría aplicar Zona Franca (120 euros), sólo permitiría recuperar 24 millones. La actuación está en una fase más atrasada que la de Cangas, y el Consorcio aún no ha adquirido los terrenos. Hasta la fecha sólo había comprado la concesión de explotación de arcilla, que incluía la compensación en suelo industrial valorada en 18 millones.

Pleno

El pleno de Zona Franca está presidido por Corina Porro, y su vicepresidente es el delegado del Consorcio, Francisco López Peña. Como vocales participan Pedro Conde, Manuel Rodríguez, Javier Riera, Joaquín Bobillo, Luis Lara, José Manuel Figueroa, Ventura Pérez Mariño, Xulio Calviño, Lois Castrillo, Xabier Toba, Rafael Louzán, Julio Pedrosa y José García Costas. También están el secretario general del ente, Santiago López-Guerra, y el abogado del Estado, Juan José Vázquez.

Faro de Vigo, 12 de enero de 2005

Zona Franca ha decidido frenar en seco y cancelar los proyectos de los nuevos parques industriales de Cangas y Salceda al considerar que provocarían “un grave quebranto económico” a sus cuentas. La decisión supone anular las operaciones, ya en marcha, de compraventa de 780.000 metros cuadrados de suelo en el caso del polígono morracense, y de una concesión de explotación de arcilla en el concello del Baixo Miño por la que pagó al concesionario tres millones y también se comprometió a entregarle 156.000 metros cuadrados en el parque, con un valor estimado de 18 millones. El pleno del Consorcio deberá ratificar hoy la impugnación de la compra de los terrenos y la concesión -una resolución que ya obtuvo el visto bueno del comité ejecutivo en diciembre-, y facultar al abogado del Estado a que solicite a las sociedades vendedoras los seis millones de euros ya abonados. Zona Franca entiende que las adquisiciones de los terrenos, realizados durante el mandato como delegado de Pablo Egerique, se realizaron a un precio muy superior al del mercado, por lo que el conjunto de la operación se dispararía imposibilitando cualquier rentabilidad.

Antes de tomar esta drástica decisión, la actual dirección de Zona Franca, que encabeza Francisco López Peña, encargó dos estudios económicos, uno interno y otro externo, ya que no existían hasta ese momento, según las citadas fuentes. Los dos informes coincidieron, entre otras conclusiones, en que de construirse los dos parques industriales, la entidad sufriría unas pérdidas de 20 millones de euros en Cangas, y de otros 20 en Salceda. Para Zona Franca, los precios que se pagaron fueron “desorbitados”, por lo que ambas operaciones causarían “un grave quebranto económico” al organismo de hacerse efectivas.

En el caso de Cangas, la entidad estatal adquirió 780.000 metros cuadrados de suelo a dos sociedades -Promociones y Maderas Lago Rey, y Tiempo Libre y Ocio 2000 SL- al precio de 9 euros (1.500 pesetas) el metro cuadrado. Según la documentación registral recabada por los servicios internos, 18 meses antes de la operación de Zona Franca las citadas sociedades habían hecho una serie de transacciones en las que el valor medio del terreno, comprado previamente a los herederos del Conde de Aldán, rondaba 1 euro el metro cuadrado.

El Consorcio cree, además, desmesurado el precio al valorar las “malas condiciones orográficas del terreno, con grandes desniveles y mucho suelo granítico”, lo que provoca que la zona sea “inadecuada” para construir un polígono industrial y acarree elevados gastos de urbanización.

El organismo estatal hizo un primer desembolso a las dos sociedades de 3,15 millones de euros, y se comprometió a pagar la cantidad restante una vez que estuviese aprobado el Plan Parcial del parque empresarial. Además, abonó 3,6 millones por una explotación de granito en la parroquia canguesa de Aldán y empleó otros 1,4 millones en proyectos de planeamiento. La actual dirección de Zona Franca da por perdidos estos últimos cinco millones al creerlos justificados. Sin embargo, el organismo estatal sí quiere recuperar los otros 3,15 millones que pagó a las sociedades mencionadas.

Los dos informes económicos sobre el precio del suelo, junto con el análisis del proceso de compraventa elaborado por los servicios jurídicos internos, fueron puestos en manos del abogado del Estado, que redactó su propio informe. El Consorcio sustenta su derecho a cancelar la operación, y la reclamación de que se le devuelva el dinero pagado, en una cláusula del contrato que establece, según las citadas fuentes, que, de transcurrir dos años sin aprobarse el Plan Parcial, Zona Franca podría rescindir el contrato. El plazo ya ha vencido y este Plan está aún pendiente de su aprobación por la Xunta, que en su día declaró el proyecto “de interés supramunicipal”, por su carácter estratégico y al afectar a los concellos de Cangas y Bueu.

Concesión en Salceda

En el caso de Salceda, el desequilibrio económico provendría de la compra por tres millones de euros de la concesión de una explotación de arcilla afectada por el proyecto del parque a las sociedades Sial y Cerámicas Más. Además de abonar la cantidad económica -ya entregada, señalan las fuentes-, el Consorcio se comprometería a compensar al hasta entonces concesionario con 156.000 metros cuadrados de superficie dotada de servicios en el parque industrial cuando éste estuviese operativo. De nuevo, los informes señalan que el precio es desorbitado. Los técnicos cifran el valor del suelo industrial que le entregaría Zona Franca en el polígono de Salceda en 120 euros (20.000 pesetas) el metro cuadrado. De esta forma, “los 156.000 metros comprometidos superarían los 18 millones de euros, que unidos a los tres pagados elevarían la compensación a 21 millones”, exponen.

Los argumentos jurídicos de Zona Franca se sustentan aquí en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que facultaría al Consorcio a cancelar la operación por motivos justificados, con la obligación de pagar a la otra parte por los daños ocasionados. “Pero en realidad no habría que soportar daño alguno puesto que la explotación [la concesión de arcilla comprada] estaba inactiva”, comentan las fuentes próximas al Consorcio. Por ello, la entidad reclamará la devolución de los tres millones de euros.

Conversaciones

Los responsables de Zona Franca ya han mantenido, según ha podido saber este periódico, conversaciones con las sociedades con las que formalizó los contratos de compraventa para llegar a un acuerdo. “En Salceda el conflicto parece abocado a llegar a los tribunales”, apuntan las fuentes.

Sin embargo, en Cangas los contactos han tomado un cariz positivo y existe posibilidad de entendimiento si se renegocian las condiciones. En el mejor de los casos, Zona Franca construiría un parque industrial de 500.000 metros cuadrados en el área orográfica más adecuada. De ellos, 450.000 pertenecerían a las dos sociedades vendedoras, y el terreno restante se adquiriría mediante la vía de la expropiación.

Antes de formalizarse la compraventa de Cangas, el Consorcio preveía adquirir a las dos sociedades 1,1 millones de metros cuadrados. Sin embargo, se adquirieron 780.000 metros al haber un litigio sobre la titularidad del suelo. Los comuneros consideran que los terrenos eran públicos y fueron expoliados por los Condes de Aldán décadas atrás.

Faro de Vigo, 12 de enero de 2005

La empresa Finsa, con más de 300.000 metros cuadrados, y Urovesa y Castrosúa, con 50.000 metros cada una, son de las más relevantes entre las que se instalarán en la zona del nuevo polígono de Amio, en Santiago.
No obstante, el alcalde informó que ya hay más empresas interesadas en instalarse en la zona.

El polígono está situado en las inmediaciones de la autovía de Lavacolla, la carretera de A Coruña y el periférico, cerca también de la línea de ferrocarril.

Con el fin de suministrarle energía al polígono y a las construcciones previstas en la zona norte de la ciudad, Unión Fenosa tiene previsto derribar la actual estación de San Caetano para construir en su lugar una instalación subterránea de mayor potencia.

La Ciudad del Transporte, el “gran proyecto de suelo industrial para Santiago”, como lo definió el concejal de Promoción Económica, Xosé Manuel Iglesias, comenzará a andar este año 2005 con un presupuesto de veinte millones de euros que acaba de aprobar la Xunta, y que permiten afrontar los trámites necesarios para contratar las obras.

El nuevo polígono, situado en las proximidades del mercado de ganado de Amio, se destinará a la implantación de industrias relacionadas con el transporte. Se trata de un nuevo polígono situado en las inmediaciones del la emprpesa Finsa, y que promoverá el Instituto Galego da Vivenda e Solo a través del Plan Galicia.

Dos empresas punteras compostelanas, Urovesa y Castrosúa, serán las primeras en instalarse en el recinto, según el acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre, con la finalidad de que estas dos industrias sirvan de locomotora para fomentar el asentamiento de nuevas firmas, evitando además la marcha de las ya existentes a otros muncipios en busca de suelo disponible.

Asimismo, el polígono permitirá a ambas industrias ampliar sus intalaciones ya que en la actual ubicación encontraban serios impedimentos para su crecimiento, y llevaban desde hace tiempo reclamando una oferta de suelo.

Además de Urovesa y Castrosúa, también Finsa dispone de un importante espacio en este polígono, con más de 300.000 metros cuadrados adquiridos del casi millón y medio disponible.

La Consellería de Política Territorial a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo y de la empresa pública Xestur destinará en 2005 más de 65 millones de euros a los trabajos técnicos y adquisición de suelo para desarrollar 19 polígonos industriales incluidos en el Plan Galicia.

Las previsiones, en el caso del suelo compostelano, son proceder a la aprobación del planeamiento y sacar a concurso la obra en el transcurso de 2005, para iniciar la reurbanización del polígono a finales de año. De esta forma, se espera que en 2006 ya puedan estar las parcelas a disposición de las empresas que lo soliciten.

El Correo Gallego, 4 de Enero de 2005