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Sección: Legal

La Xunta inicia el proceso para derribar las naves sin licencia de “Las cinco jotas”

Jueves 31 de Julio de 2014

“Las cinco jotas”

La Agencia de Protección de Legalidad Urbanística (APLU), ha iniciado los pasos para el derribo forzoso de las naves de la empresa “Las cinco jotas”, en Candeán, y de la cubierta que las une “cubriendo un camino público”.

La entidad, se encargará de ejecutar la demolición con cargo a los propietarios de la empresa (que fabrica casas de madera desde casi cuatro décadas en sus naves de Candeán), en cumplimiento de una resolución que data de abril de 2001 a raíz de una denuncia ante el Concello elevada a la APLU.

Las primeras obras de construcción de las instalaciones de “Las cinco jotas” datan de 1976, y posteriormente fueron ampliándose hasta las dos naves actuales de 2.500 y 4.000 metros cuadrados respectivamente y el edificio de oficinas. Allí se realiza tanto el proceso de fabricación como el de comercialización.

El nuevo Plan Xeral recoge como industrial el suelo en el que se asienta la fábrica, por lo que en principio la industria sería legalizable. Inicialmente la Xunta rechazó esta clasificación. El ámbito de “Las cinco jotas” fue uno que quedó pendiente de resolver tras la aprobación parcial del PXOM. Finalmente, tras aportarse la documentación complementaria, se validó la clasificación actual. La fábrica y demás dependencias forman parte del ámbito de Xosín, de 67.517 metros cuadrados y una edificabilidad de 33.700 con uso industrial.

Para regularizar las naves los propietarios deben obtener los permisos municipales tras tramitar un plan parcial y obtener autorización ambiental de la Xunta y los propietarios disponen ahora de un mes para presentar un recurso de reposición contra la resolución de la APLU.

Fuente: Faro de Vigo

El Tribunal Supremo Anula la Cláusula Suelo de las Hipotecas

Jueves 21 de Marzo de 2013

La sentencia del Tribunal Supremo, que sienta jurisprudencia, permitirá a los afectados reclamar si consideran que no fueron debidamente informados, pero no obliga a las entidades a devolver las cantidades ya satisfechas.

El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo declaró ayer la nulidad de las denominadas cláusulas suelo de las hipotecas en los casos en que se haya producido “falta de transparencia” en su contratación, lo que abre la puerta a que miles de afectados puedan reclamar en los juzgados, que se suspenda su aplicación aunque el fallo no obliga a las entidades a devolver las cantidades ya satisfechas.

De esta forma, el Alto Tribunal estima parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) contra la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla que desestimó la demanda colectiva presentada por la organización contra el BBVA, Caixa Galicia y Cajamar y consideró legal la citada práctica.

El Supremo, por su parte, ha adoptado una decisión salomónica ya que no ha declarado abusivas todas las cláusulas suelo, como pretendían los consumidores, pero sienta jurisprudencia para que aquellos que se sientan engañados puedan recurrir a los juzgados y dejen de pagar el sobreprecio que actualmente abonan en las cuotas de su hipoteca.

El problema estriba en que la Sala de lo Civil del Supremo, presidida por Juan Antonio Xiol, no aclaró ayer qué entiende por “falta de transparencia” ya que la sentencia todavía no está redactada y tan sólo se dio a conocer un avance de su decisión en un escueto comunicado público.

Las “cláusulas suelo” son aquellas que impiden que los intereses de una hipoteca caigan por debajo de una determinada cantidad -generalmente el 3% ó el 4%- aunque la combinación de euribor y diferencial pactada por el cliente resulte una cifra más baja. De esta forma, cientos de miles de hipotecados llevan ya un par de años sin beneficiarse de las rebajas que está experimentando este indicador, que sigue en mínimos históricos.

La decisión del Supremo se conoce una semana después de que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminara que la normativa española sobre desahucios es contraria al ordenamiento jurídico europeo al no proteger adecuadamente a los consumidores, ya que no permite paralizar cautelarmente un desalojo mientras se decide si la hipoteca contenía alguna cláusula abusiva.

Reforma 2012 de la Ley de Costas

Lunes 8 de Octubre de 2012

El Consejo de Ministros aprobó, el viernes pasado, el proyecto de reforma de la Ley de Costas, vigente desde 1988, que ampliará las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años, a contar a partir de que acabe la prórroga actual.

Se diseñará un régimen especial para 11 zonas problemáticas a las que excluye del dominio público marítimo terrestre, establecerá concesiones de cuatro años para los chiringuitos y reducirá la definición de dominio público. Además, la superficie de la servidumbre de protección en las rías podrá bajar en algunos casos de 100 a 20 metros.

El texto del anteproyecto justifica la reforma en que la ley vigente ha “tolerado resultados inaceptables medioambientalmente” y añade que el tiempo pasado desde su aprobación “se impone y consolida situaciones”. El Ejecutivo asegura que la norma ha “provocado desconfianza y desconcierto”.

Según el Gobierno, la ampliación en 75 años de las concesiones de uso del dominio público, que empezaban a caducar en 2018, es necesaria para “evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho en un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros”. Además, los dueños de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.

La nueva ley admite que habrá un deslinde especial más laxo para la isla de Formentera “debido a la especial configuración geológica” de la isla. Además, excluye del dominio público otros 10 núcleos de población que por su situación entrarían dentro de la definición de la zona pública. Se trata de Rocafel, Alicante, Puerto de Santa Pola, Alicante, Marina de Empuriabrava, Girona, Platja d´Aro, Girona, la ría de Punta Umbría, Huelva, el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo, Huelva, Pedregalejo y El Palo, Málaga, y Oliva, Valencia. Estos pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado, que se pueden vender. Los ecologistas lo ven como el paso previo para que pasen a manos privadas, ya que si se considera dominio público no se puede vender. En total, se salvarán unas 10.000 viviendas.

El texto excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana. Además, limita la definición del alcance de los mayores temporales conocidos parta establecer el dominio público. Hasta ahora, Costas recurría a veces a vestigios fósiles para demostrar que hasta allí llegaba el mar y por lo tanto debía ser dominio público. Ahora solo lo serán si hay “referencias comprobadas” de que allí llegaba el mar.

También exime a las marinas artificiales de ser dominio público, como la marina de Empuriabrava, Girona, al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”.

Las industrias, “extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera” situadas en dominio público deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión. Este trámite permitiría seguir en la ría de Pontevedra a la polémica papelera de Ence.

Ley de Costas 2012

El Tribunal Supremo avala la reforma urbanística para legalizar el Puerto Seco de Salvatierra

Viernes 29 de Junio de 2012

La reforma aprobada por la Xunta en Enero de 2011 para legalizar el Puerto Seco de Salvaterra-As Neves ha recibido el respaldo del Tribunal Supremo, la misma instancia que anuló el proyecto a mediados de 2010 fundamentalmente por incluir un millón de metros cuadrados de suelo forestal protegido.

La asociación de afectados por la llamada Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan), presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que lo desestimó, y acudió entonces al Tribunal Supremo.

Entienden los denunciantes que lo que hizo la Administración fue un subterfugio para evitar el cumplimiento del fallo judicial, pero la sala concluye que con la segregación de la zona forestal quedan resueltas las causas que motivaron la ilegalización.

El Tribunal Supremo avala los argumentos del auto del TSXG que desestimó el recurso de la asociación de afectados contra la reforma urbanística del Puerto Seco. El alto tribunal gallego señaló que “la modificación del proyecto tiene por objeto excluir el suelo de especial protección, por lo que no puede decirse que su objeto sea hacer caso omiso de la sentencia”.

Pese a la victoria para los promotores del Puerto Seco –la Autoridad Portuaria, la Zona Franca y la Xunta– los problemas no están ni mucho menos resueltos. Aunque hayan sido superadas las dos causas de la ilegalización y el polígono vuelve a estar en situación regular con un tamaño más pequeño, los denunciantes pueden presentar nuevas demandas, y ya lo han hecho.

En declaraciones a los medios, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, D. Ignacio López Chaves, ha señalado que en la Plisan hay entre 6.000 y 7.000 pleitos, y que los problemas jurídicos son complicados.

Puerto Seco Salvatierra - Las Nieves

Exención del 50% de las futuras plusvalías en las ventas de inmuebles

Lunes 14 de Mayo de 2012

Boletín Oficial del EstadoCon el objetivo de potenciar y sacar al mercado la inversión inmobiliaria, el gobierno ha decidido incentivar las trasmisiones de inmuebles urbanos con una exención del 50% de las futuras plusvalías que se generen de las ventas de activos inmobiliarios, comprados desde el 12 de Mayo de 2012, hasta el 31 de Diciembre de 2012.

La medida aprobada el viernes 11 de Mayo por Real Decreto Ley 18/2012, se genera con el fin de estimular el mercado, atraer inversores y dar salida a los activos inmobiliarios de los balances de la banca.

La exención se aplicará sobre el Impuesto sobre Sociedades, la Renta de las Personas Físicas, y sobre Impuesto sobre la Renta de no Residentes en la trasmisión de inmuebles a titulo oneroso, siempre y cuando en la transmisión no haya vinculación familiar, contractual o empresarial entre comprador y vendedor. Esta salvedad evitará que los inmuebles puedan circular entre empresas de un mismo grupo y entre padres e hijos, entre otros casos.

Esta medida será de aplicación en viviendas, locales, solares, trasteros, garajes y oficinas.

Consulte aquí el Real Decreto Ley 18/2012 …

Aprobado el registro único de demandantes de suelo empresarial

Jueves 12 de Abril de 2012

Xunta de GaliciaLa Xunta de Galicia ha publicado hoy un Decreto por el que se regula el registro único de demandantes de suelo empresarial, que “será el instrumento para priorizar los nuevos parques que se construyan en Galicia”.

Los datos que ofrezca este registro serán la base para la construcción de nuevos parques, en función de la demanda real existente, y se considerará suficiente cuando alcance el 30 por ciento de la superficie para uso industrial o comercial.

Según la Xunta de Galicia, esta iniciativa permitirá llevar a cabo actuaciones donde verdaderamente sean necesarias y con las características que los demandantes precisen para sus empresas.

Consulte aquí el Decreto 108/2012 …

Propietarios de terrenos “no expropiados” en Tomiño, reclamarán daños y perjuicios

Lunes 14 de Junio de 2010

Apenas unos días después de que la Xunta de Galicia renunciase a construir el polígono industrial de Tomiño, en la comarca del Baixo Miño, los propietarios de los terrenos que finalmente no serán expropiados, se plantean reclamar daños y perjuicios a la Administración gallega por abandonar su intención inicial.

El Instituto Galego da Vivenda e Solo, acordó desistir del expediente de expropiación, y alegó en su resolución de fecha 8 de junio que ya no existen los motivos de interés público en los que se basó el proyecto, el parque de 493.000 metros cuadrados ubicado en Tomiño, aunque deja abierta la posibilidad de retomar su ejecución por fases y “en circunstancias más oportunas”.

Los propietarios de los terrenos ya habían recibido las cartas de expropiación y en su mayoría estaban de acuerdo con las cantidades Muchos de ellos talaron árboles de sus fincas y otros, que las tenían cultivadas, las abandonaron a monte a la espera de su utilización industrial; con tal motivo están planteándose reclamar ante la Administración una compensación por daños y perjuicios.

La Xunta inicia los trámites para la creación del Ente Público Ferroviario

Jueves 22 de Abril de 2010

El pasado 20 de abril, se publicaba en el Diario Oficial de Galicia la licitación del contrato de servicio para elaborar el proyecto de ley del nuevo organismo, el Ente Público Ferroviario de Galicia, por un importe de 180.000 Euros.

Este proyecto de ley desarrollará las competencias que en materia ferroviaria están previstas en el Estatuto de Autonomía, y que asumirá este organismo, como por ejemplo la coordinación y puesta en marcha de los sistemas de metro ligero que se creen en las áreas metropolitanas de Galicia y los análisis para la cesión de infraestructuras ferroviarias integradas en la Red Ferroviaria de Interés General a la Comunidad Autónoma.