Con el objetivo de potenciar y sacar al mercado la inversión inmobiliaria, el gobierno ha decidido incentivar las trasmisiones de inmuebles urbanos con una exención del 50% de las futuras plusvalías que se generen de las ventas de activos inmobiliarios, comprados desde el 12 de Mayo de 2012, hasta el 31 de Diciembre de 2012.

La medida aprobada el viernes 11 de Mayo por Real Decreto Ley 18/2012, se genera con el fin de estimular el mercado, atraer inversores y dar salida a los activos inmobiliarios de los balances de la banca.

La exención se aplicará sobre el Impuesto sobre Sociedades, la Renta de las Personas Físicas, y sobre Impuesto sobre la Renta de no Residentes en la trasmisión de inmuebles a titulo oneroso, siempre y cuando en la transmisión no haya vinculación familiar, contractual o empresarial entre comprador y vendedor. Esta salvedad evitará que los inmuebles puedan circular entre empresas de un mismo grupo y entre padres e hijos, entre otros casos.

Esta medida será de aplicación en viviendas, locales, solares, trasteros, garajes y oficinas.

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Apenas unos días después de que la Xunta de Galicia renunciase a construir el polígono industrial de Tomiño, en la comarca del Baixo Miño, los propietarios de los terrenos que finalmente no serán expropiados, se plantean reclamar daños y perjuicios a la Administración gallega por abandonar su intención inicial.

El Instituto Galego da Vivenda e Solo, acordó desistir del expediente de expropiación, y alegó en su resolución de fecha 8 de junio que ya no existen los motivos de interés público en los que se basó el proyecto, el parque de 493.000 metros cuadrados ubicado en Tomiño, aunque deja abierta la posibilidad de retomar su ejecución por fases y “en circunstancias más oportunas”.

Los propietarios de los terrenos ya habían recibido las cartas de expropiación y en su mayoría estaban de acuerdo con las cantidades Muchos de ellos talaron árboles de sus fincas y otros, que las tenían cultivadas, las abandonaron a monte a la espera de su utilización industrial; con tal motivo están planteándose reclamar ante la Administración una compensación por daños y perjuicios.

El pasado 20 de abril, se publicaba en el Diario Oficial de Galicia la licitación del contrato de servicio para elaborar el proyecto de ley del nuevo organismo, el Ente Público Ferroviario de Galicia, por un importe de 180.000 Euros.

Este proyecto de ley desarrollará las competencias que en materia ferroviaria están previstas en el Estatuto de Autonomía, y que asumirá este organismo, como por ejemplo la coordinación y puesta en marcha de los sistemas de metro ligero que se creen en las áreas metropolitanas de Galicia y los análisis para la cesión de infraestructuras ferroviarias integradas en la Red Ferroviaria de Interés General a la Comunidad Autónoma.

Zona Franca ha hecho público que el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ha afirmado a través de dos sentencias emitidas este mes que el plan de urbanización del polígono Porto do Molle, en Nigrán, se tramitó correctamente, por lo que el planeamiento es legal.

Así, el TSXG afirma que el plan de urbanización cuenta con el estudio de sostenibilidad ambiental necesario y con los informes preceptivos de Medio Ambiente y Urbanismo de la Xunta.

Estas sentencias son la respuesta a dos contenciosos, uno de Matadero Comarcal General y Frigorífico y otro de la Asociación As Dunas, que solicitaban la nulidad del planeamiento.

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo ha realizado un informe sobre la situación legal de las empresas situadas en la ribera del Lagares.

La conclusión más importante que se puede extraer de este estudio es que de las 178 naves que se han visitado, cerca de 100 no tienen licencia.

Por ello Urbanismo expedientará a las empresas que no tengan los permisos en regla y les instará a regularizar su situación. Entre tanto, cerca de cincuenta empresas ya han empezado con este trámite por su cuenta.

Además, se detectó en la zona del Caramuxo vertidos de residuos tóxicos y peligrosos por parte de una empresa dedicada al tratamiento de metales que ha tenido que cesar su actividad.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arzúa ha archivado la denuncia presentada por la asociación de propietarios del terreno del polígono de O Pino.

Los propietarios denunciaron en su momento a Manuel Taboada, Alcalde de O Pino, y a José Antonio Suárez Fernández, director territorial de la zona Noroeste de la promotora del polígono Martinsa-Fadesa, por considerar ilícito el proceso de adquisición de las parcelas.

En concreto alegaron que esté proceso concurría en presuntos delitos de falsedad y prevaricación.

El auto judicial que fue notificado el pasado lunes indica que en la causa no se acredita la perpetracición del delito.

El Ayuntamiento de Pontevedra ha traspasado dos parcelas del polígono de O Campiño a Asempo, Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Pontevedra, y Sigalsa, Suelo Industrial de Galicia.

Este traspaso es consecuencia de una resolución del TSXG, Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en la que se obliga al Ayuntamiento a compensar a estas empresas por el proyecto fallido del polígono de O Vao.

Así, Asempo y Sigalsa han recibido cerca de 10.000 metros cuadrados en O Campiño como compensación a la cantidad correspondiente al IVA de los terrenos de O Vao que se dieron de baja en el inventario municipal de bienes.

La empresa Gesai ha recibido una multa por parte de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de la Xunta por no hacer efectivo el derribo impuesto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En diciembre de 2008 el TSXG ratificó el derribo de la nave que esta empresa tiene en el polígono industrial de Suevos, en el terreno del antiguo matadero de Mafriesa, por vulnerar la ley de cosas.

El TSXG dictaminó en su momento que cuando se concedió la licencia el suelo estaba calificado como no urbanizable, aunque las edificaciones de la ampliación de Suevos contaban con el aval de los informes técnicos  del Ayuntamiento de Arteixo.